Antes de llegar al debate y votación parlamentaria actual del proyecto de Ley General de Educación - el proyecto ya había generado el inicio de una discusion casi olvidada – acerca de la educación pública.
Un debate incómodo no sólo para la derecha sino también para el gobierno de Michelle Bachelet – y para parte del nuevo establishment en general - aunque a primera vista esto parezca contradictorio. Por complejas propensiones culturales contemporáneas – la educación pública había quedado relegada – afectando en forma inconfesable el deterioro de la educación de la mitad de los alumnos y de buena parte de la educación particular subvencionada.
En el debate se ha analizado incluso la semántica de la idea de educación pública – como quién observara un debate de historia natural.
Y sin embargo – ésta, la educación pública – una vez fue hija predilecta de la nación, cuando un sector del país se dió por tarea educar a hijos e hijas de las mayorías, pero con los años y las crisis fue quedando relegada en una labor de escuela de aprender a leer y escribir.
La alarma cultural de las derechas es comprensible. No los afecta en forma personal, pues la educación privada no está en cuestión. Conservan sin embargo un resabio antidemocrático cuando se trata de la educación de los demás y una propensión ideológica que le impide entender el rol de la educación pública. Lo que está en cuestión ahora es el destino de los subsidios fiscales. Es un tema donde la política converge con intereses económicos establecidos. Por el lado del gobierno prima un pragmatismo optimizador del status quo y soluciones administrativas – burocráticas. Arriesga terminar financiando y eternizando una educación mediocre – desconectada de las grandes infraestructuras y avances culturales y científicos contemporáneos.
Al no reconocer claramente el significado y potencial de la educación pública para el destino del país – la Concertación desaprovecha una oportunidad más.
De ahí la pertinencia de la manifestación de los profesores por un debate abierto sobre el proyecto de Ley. Una manifestación que ha reunido entre ocho mil a diez mil profesores en las calles de Valparaíso a pesar de inéditas dificultades de acceso a la región impuestas por la autoridad regional oficialista que repentínamente enarboló el riesgo de deterioro patrimonial que la manifestación traería a Valparaíso como argumento para dichas restricciones. La ansiedad del gobierno por obtener los votos para aprobar un proyecto ya cuestionado – lo ha llevado a pasar de ‘suma urgencia’ a ‘discusión inmediata’ en un contexto de votación parlamentaria impredecible.
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