TRANSICIONES.

Política en Chile. Un blog de arturo durán.

A propósito del rechazo por senadores de la Concertación a la nominación a la Corte Suprema de Alfredo Pfeiffer actual Ministro de la Corte de Apelaciones.

Las razones que pueden haber llevado a la presidenta Michelle Bachelet a postular la nominación del Ministro Pfeiffer han dejado tras si una inquietante situación. Es un caso que requiere del debate de la sociedad civil frente a un gobierno que se aleja de los criterios acordes a los que se presentó inicialmente. Postular a un Ministro de la Corte cuestionado por sus posiciones políticas e ideológicas sobre derechos humanos, por aplicar la Ley de Amnistía a crimenes de la dictadura, que no reconoce legislación internacional en DDHH y que incluso ha manifestado dudas acerca del holocausto, parece ilustrar un deficit de la presidencia. Sólo uno de esos argumentos haría del rechazo la opción más justa. Produce desconcierto que una presidenta elegida en democracia en un país con la historia de transgresiones a los derechos humanos proceda de esa forma. La responsabilidad cabe sin duda al Ministro de Justicia.

El caso plantea un dilema institucional inquietante. Las democracias occidentales, representativas, se basan en la idea de la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, el sistema de ‘acuerdos’ que parece actualmente asegurar la gobernabilidad, en la que partidos políticos, gobierno e instituciones del Estado actuarían de común acuerdo – es evidentemente una anomalía institucional. El caso Pfeiffer demuestra un funcionamiento institucional anómalo. Los diez senadores que con su rechazo impidieron el desarrollo de esta modalidad han devuelto el espíritu a las instituciones.

Nicaragua, por ejemplo, funciona desde hace algunos años en base a insoportables pactos de gobernabilidad que hacen de cada decisión importante sobre todo una negociación entre el Presidente Ortega y Arnoldo Alemán, líder del PLC. (Un pacto que venía en gestación desde la oposición de ambos al presidente Bolaños). Allí la situación se ha vuelto francamente irregular. El pacto es una modalidad de conservación del poder. Los principales cargos institucionales son ‘colegiados’ lo que en la práctica significa que cada una de las partes nombra sus representantes. Uno nombra al procurador, otro nombra al fiscal general. Llega actualmente tan lejos, que los análisis indican que ya refleja un acuerdo estratégico entre los dos ‘líderes’.

CiberAmérica | Un post de arturo durán.

La decisión de una mayoría de profesores del liceo Darío Salas de cancelar la matrícula a la alumna María Música Sepúlveda plantea interrogantes e inquietudes acerca de cómo funciona el derecho en el país. Una cosa es que una alumna de 14 años cometa una falta inaceptable al agredir a la Ministra de Educación lanzándole agua. Otra cosa es que los profesores y funcionarios de su liceo tomen la decisión de sancionar a una niña de 14 años con la cancelación de la matrícula al alero de la autoridad que desafortunadamente fue, ella misma, víctima de la agresión.

La pregunta es si estamo frente a una decisión en derecho o frente a una medida ‘de facto’ de animo ejemplificador. Hacer caer todo el peso normativo sobre la alumna por una falta cometida fuera del establecimiento es una medida que puede ser cuestionada. (hay países- por ejemplo en el Reino Unido - donde el establecimiento no tiene autoridad para sancionar alumnos/as por un hecho realizado fuera del mismo).

Escuchemos, por favor, al director del establecimiento justificar la decisión de expulsión:

"En este caso puntual la opinión pública nos ha demandado asumir nuestras responsabilidades. Creemos en la validez de esta sanción, en su proyección formativa y correctora” [emol, 31/07/2008 17:37]

¿Obedece entonces dicha desición a un imperativo de la opinión pública? ¿Son los profesores y personal del establecimiento los llamados a ser ejecutores de esa opinión pública? ¿Ha considerado el director García la posibilidad de que esa ‘opinión pública’ tenga a su vez una opinión dividida sobre este asunto? Creo que su argumento es equívoco para ser parte de una desición tan importante.

“Creemos – continúa el director García - en la validez de esta sanción, en su proyección formativa y correctora”

Francamente, su lógica ‘formativa’ se me escapa. ¿Qué tiene de formativo para María Música una expulsión? ¿No será ésta más bien una señal ‘correctora’ dedicada a otros jóvenes? Y si este es el caso ¿No estaremos, por casualidad, frente a una decisión motivada más bien por una necesidad de reafirmación de la autoridad disciplinaria frente al colectivo - a costa de una niña de 14 años?

Afirma el director García – a continuación- que quienes votaron por la sanción argumentaron que en el caso de la agresión se trató de un hecho intencionado. ¿Están los profesores habilitados para asumir el derecho de jueces de facto y suponer dicha intención? ¿Existe alguna prueba de dicha intencionalidad? ¿O es una sospecha?

El problema deja de ser la falta de una niña y pasa ser el de una decisión adulta criticable que castiga con expulsión.

Tiene razón el senador Alejandro Navarro (de quién difiero en otros aspectos), Presidente de la Comisión de Educación del Senado chileno, en hacer un llamado a considerar para el caso de María Música Sepúlveda la recomendación de Naciones Unidas de protección a los niños maltratados por la fuerza pública. La recomendación, realizada por la ONU en vista de los maltratos sufridos hace dos años por los pingüinos - es válida en este caso.

La foto, publicada recientemente muestra a María Música con las huellas evidentes del maltrato sufrido en manos de las fuerzas del orden – hace pensar que su caso debe ser reconsiderado.

La falta de una niña no se compara con los errores de los adultos.

Este lamentable caso deja de manifiesto la dimensión alcanzada por el maltrato a niños y niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes – que irritados por la inercia y la reconocida precariedad educacional – protestan desde hace dos años por una mejor educación.

Es hora de abogar por un mejor trato – libre de violencia – para alumnas y alumnos. Y de generar – desde la educación – la cultura de la noviolencia en alumnos y profesores.

Al excluir a la alumna, el liceo desiste de su misión formativa y al diálogo – y se hace parte de una cadena paradojal en estos tiempos de crisis – del retorno a la autoridad disciplinaria y a la exclusión.

Las autoridades harían bien en superar reacciones corporativistas así como su actual propensión a evadir realidades y, por el contrario, cuidar en primer lugar y por todos los medios posibles – la integridad de niños y niñas.