Paradigma autoritario, orden público y libertades en un Estado de Derecho. Anotaciones sobre la situación en Chile. [Observaciones preliminares I]
Publicadas por CiberAméricaEntiendo que la libertad de expresión – incluida aquella de manifestación no debiera estar en duda ni menos cuestionada por las autoridades.
Con la misma certeza, también debiese ser sancionado el mal uso de dichos derechos para desplegar violencia callejera que en este caso causó la muerte de un carabinero. Tampoco dicha libertad debe resultar en daño a la propiedad pública o privada así como el uso de armas.
Lo dicho hasta ahora por las autoridades y líderes políticos no rescata sin embargo de forma clara que estas dos dimensiones no se deben disociar en un Estado de Derecho. Da más bien la impresión de un llamado a hacer creer de que para resolver el mal uso de las libertades es necesario restringirlas. La restricción de libertad es probablemente el reflejo más a mano en el paradigma autoritario. Se escucha de allí también un llamado político burdamente confrontacional a la represión, en un país que tiene Ministerio Público (Fiscalías) e instituciones encargadas del orden público (Ministerio del Interior).
Por su lado, la prensa de derecha aprovecha la oportunidad para ilustrar todo esto como un problema de orden público a considerar desde la perspectiva del paradigma de la autoridad. Una obsesión atávica que asocia y restringe la política al paradigma de la autoridad. Y con ello resuelve un doble problema propio: restablece su propensión por el liderazgo autoritario, civil, en este caso afortunadamente y critica a la Presidenta Bachelet por una supuesta falta de liderazgo autoritario.
Lo inquietante de esta percepción es que ha impregnado la cultura de la propia Concertación; aparece en toda su dimensión a la hora del oportunista debate sobre los actuales aspirantes a las presidenciales 2009. Un debate en el que, a momentos, es posible observar atisbos ideológicos de un regreso al liderazgo autoritario. Una regresión en la que incluso caen analistas políticos diestros que sin embargo han criticado de autoritarios a otros presidentes sudamericanos.
La Concertación y el propio gobierno debiera darse la oportunidad de resolver estos y otros problemas políticos y sociales pendientes por medio de las políticas que caracterizan el estilo – evidentemente no autoritario – de la Presidenta Bachelet. En este caso no son los más pobres quienes se rebelan en las noches del 11. Pero requeriría esto también que la Concertación abandonara su actual rechazo a salir extramuros.
El país transita -con dificultades enormes y de forma lenta y burocrática – del autoritarismo a una sociedad más abierta, más justa y moderna. La convivencia ciudadana y social ha observado grandes logros. Queda aún un desafío – evidenciado en la revuelta del 11 de septiembre en la noche. Y sin duda se requiere soluciones prontas y efectivas.
Pero no debe eso significar perder lo avanzado contra el autoritarismo en una sociedad cada vez más democrática. Sería hacer un favor gratis no sólo a la derecha sino a quienes por la izquierda aprovechan las fechas simbólicas para manifestaciones violentas.
Un desafío político y social importante sobre el cual aún no se decantan razonamientos convincentes ni de parte de las autoridades ni por la oposición - y menos aún de parte de las agrupaciones políticas de izquierda que convocaron para esa noche y que sin embargo ni siquiera tienen el coraje político de reconocer responsabilidad – en la violencia desatada. Las agrupaciones de izquierda involucradas deben ser llamadas a cambiar el mal uso de las libertades – y responder judicialmente por los delitos. Distinto es el problema con la participación de sectores asociados al narcotráfico y a la delincuencia que una investigación debe aclarar. Más aún si – como se dice – hay relaciones entre esa izquierda y el narcotráfico.
Pero es un error oportunista de la Concertación como de la Oposición
ver en dicha revuelta nocturna sólo un acto revanchista de narcotraficantes y delincuentes contra carabineros y desconocer el trasfondo y los actores políticos de la violencia en barrios y poblaciones de una decena de comunas del gran Santiago.
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