Lo que por lo general entendemos por corrupción son hechos que toman formas y significados diversos y cambiantes. Es una característica de la naturaleza oscura de ésta. Y el significado político de lo que logramos saber u observar parece ser también esquivo de precisar.
Si observamos los casos ocurridos en América Latina y excluimos – por razones teóricas – aquellos casos extremos en los que se trata de robo para fines personales, se podría hacer una lista interesante de casos de malas prácticas que mostraría un factor común. Desde las investigaciones que llevaron a esclarecer los desvíos de dineros y apropiaciones indebidas de fondos no-transparentes en la Nicaragua del gobierno de Arnoldo Alemán a los casos que afectaron a miembros del Partido de los Trabajadores en Brasil, éstos muestran su relación con la búsqueda o con la defensa del poder político.
Un factor común de los casos de corrupción es que estos, por lo general, parecen consistir básicamente en la apropiación de recursos - con desvíos de fondos del Estado para fines particulares, sean estos partidistas o personales. Esto lleva sin embargo a concentrar la atención política en lo que, en mi opinión, es más bien un resultado y que aún no explica la naturaleza íntima de la corrupción y de las malas prácticas que de allí emergen.
Los casos de corrupción que han hecho noticia en Chile en las últimas semanas ilustran un verdadero prototipo weberiano: muestra cómo partidos políticos – o más bien dicho - grupos de poder de partidos – colonizan las instituciones y servicios del Estado para fines propios y no de bien público. ¿Qué buscan? Apoyarse en los recursos del Estado para concentrar mayor poder – . En este caso particular, un partido de la coalición gobernante, el Partido por la Democracia PPD, sufre una profunda crisis – tras ver involucrado a algunos de los suyos en malas prácticas de este tipo. Las malas prácticas de sus operadores en cargos públicos de la agencia estatal ChileDeportes – muestran cómo - recursos destinados a proyectos tuvieron otros destinos – probablemente en actividades partidarias. Se trata efectivamente de señales claras de este fenómeno de colonización del Estado por los partidos.
Ese proceso ha terminado por afectar al propio gobierno, lo que agrava la situación. En un mundo ideal, una primera reacción anti-corrupción podría ser– que los partidos de la coalición gobernante – descolonizaran el Estado. Eso significa que quienes trabajan en el servicio público como parte del equipo dirigente actual, cualquiera que sea su nivel jerárquico, deben actuar según los principios generales que rigen los servicios públicos. Utópico, pero necesario, pues la corrupción afecta a la legitimidad de los gobiernos y de las instituciones, de allí que tenga un altísimo costo político. El gobierno podrá defenderse y desarrollar medidas de prevención anti-corrupción que, en caso de ser efectivas, entregarán frutos en el mediano plazo, pero son - por lo pronto - los partidos los llamados a deshacer a sus grupos internos que buscan – como si fuesen poderes fácticos – colonizar el Estado.
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