Las noticias hablaban ayer de unos mil estudiantes protestando en las calles de Santiago contra los efectos que ha tenido el plan gubernamental de transporte Transantiago.
Por la tarde ya se contabilizaba más de 90 detenidos - es decir entre el 9% y el 10% de los manifestantes.
Un hecho que ya debió alarmar a la opinión pública pues apunta a la persistencia de una política gubernamental de detención masiva contra manifestantes.

Pero hoy la información señala que los detenidos sumaron más de 200 - con lo cual la proporción de detenidos respecto del conjunto de manifestantes es mayor aún. [ver también información de La Tercera.cl]

Decepción.

Se trata evidentemente de una señal política del gobierno. Es casi propio a América Latina ver gobiernos que enfrenta el descontento social (en este caso generado evidentemente por políticas públicas) por medio de la represión. Personalmente esperaba algo muy distinto por tratarse del gobierno de Michelle Bachelet - especialmente en el trato a los jóvenes secundarios.

La masividad de las detenciones hace pensar que el gobierno utiliza el lenguage enrarecido de la represión como advertencia. Se trata de una política que lesiona el espíritu con que yo - e imagino otros también - voté por la presidenta Michelle Bachelet.

Por eso me pregunto:

¿Quién defiende el derecho de los jóvenes en tiempos de detenciones masivas?

¿Utiliza el gobierno dicha política para enviar un mensaje destinado a inhibir manifestaciones de descontento social?


El hecho de que Chile esté actualmente gobernado por una mujer - la Presidenta Michelle Bachelet - no debiera inhibir la capacidad crítica de quienes en el pasado han sabido defender derechos ciudadanos vulnerados.

Más aún cuando dicha política no parece encontrar reacción alguna por parte de los debilitados partidos políticos que en el pasado hicieron de esos derechos su mayor reivindicación.

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