Chile desconoce procesos de derechos humanos contra Alberto Fujimori. De todas las facetas del frío impacto causado por el fallo que niega la extradición del ex-gobernante, aquella que más decepciona es la relativa a derechos humanos. Los familiares de las víctimas de transgresiones a los derechos humanos y la opinión pública que los respeta en el Perú sufren en estos momentos probablemente la misma frustración que vivieron muchos chilenos durante los largos años en que - con la honrosa excepción de jueces como don Juan Guzmán - las cortes hacían tiempo en el caso de Pinochet o lo exculpaban por una u otra razón esperando que la edad del general hiciera su tarea. Hoy sin embargo, este fallo es un insulto y señala la persistencia de una justicia extemporánea. Cuando ya pensaba que transitábamos hacia una nueva sociedad en la que estos derechos eran cultivados en primer lugar allí donde por la naturaleza del derecho le corresponde: en el sistema de justicia.
El contexto en que esto sucede es complejo. Tanto el gobierno en Chile como el de Perú pasan por momentos difíciles. En Perú la movilización de las Confederación General de Trabajadores del Perú y de los maestros han llevado al presidente Alan García a recurrir al ejercito para la mantención del orden público. En Chile, no sólo el gobierno alcanza su más bajo nivel de popularidad - la opinión pública ha podido observar también casos vergonzosos de mala administración de justicia. A rio revuelto, ganancia de pescadores. No sólo Alberto Fujimori es favorecido, sino que casi al mismo tiempo, la justicia ha dejado en libertad a delincuentes causando gran alarma pública, en un país donde probablemente la mayoría de sus ciudadanos son afectados de una u otra forma por la delincuencia en su vida cotidiana.
Una situación que se presentó favorable a Alberto Fujimori, pero que arriesga en derivar en una crisis mayor. Sin embargo, las primeras señales de la presidenta Michelle Bachelet dejan ver claramente su reacción de preocupación por el significado de una resolución que cuestiona un entendimiento de que vivimos en un estado de derecho y no sólo en las manos de Dios.
Queda aún la resolución de la Corte Suprema, que tal vez corrija. Pero - en cualquier caso - un daño - a la idea del país en que vivimos ya ha sido hecho.
El contexto en que esto sucede es complejo. Tanto el gobierno en Chile como el de Perú pasan por momentos difíciles. En Perú la movilización de las Confederación General de Trabajadores del Perú y de los maestros han llevado al presidente Alan García a recurrir al ejercito para la mantención del orden público. En Chile, no sólo el gobierno alcanza su más bajo nivel de popularidad - la opinión pública ha podido observar también casos vergonzosos de mala administración de justicia. A rio revuelto, ganancia de pescadores. No sólo Alberto Fujimori es favorecido, sino que casi al mismo tiempo, la justicia ha dejado en libertad a delincuentes causando gran alarma pública, en un país donde probablemente la mayoría de sus ciudadanos son afectados de una u otra forma por la delincuencia en su vida cotidiana.
Una situación que se presentó favorable a Alberto Fujimori, pero que arriesga en derivar en una crisis mayor. Sin embargo, las primeras señales de la presidenta Michelle Bachelet dejan ver claramente su reacción de preocupación por el significado de una resolución que cuestiona un entendimiento de que vivimos en un estado de derecho y no sólo en las manos de Dios.
Queda aún la resolución de la Corte Suprema, que tal vez corrija. Pero - en cualquier caso - un daño - a la idea del país en que vivimos ya ha sido hecho.
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