TRANSICIONES.

Política en Chile. Un blog de arturo durán.

Si por casualidad la directiva de Codelco pensó que el tiempo podría jugar a su favor y en contra de los trabajadores subcontratistas en conflicto, tal vez sea bueno informarle que, por lo pronto, dicha ecuación parece haberse revertido y que ahora corre también contra ella. La opinión pública probablemente no se lo cargue a ellos sino al gobierno en primer lugar - si es que no lo está haciendo.

Al parecer, la bonanza súbita en vez de generar mejores condiciones de negociación parece haber llevado a un endurecimiento de Hacienda y al mismo tiempo parece haber alejado de la realidad a los directivos de Codelco.

Codelco puede ser actualmente considerada más bien modelo de conflicto laboral cuando ¿no debiera una empresa del Estado ser más bien modelo de buenas prácticas laborales? En un país de tradición minera esto trae a la memoria una larga historia de conflictos laborales.

El momento es francamente malo, por la latente crisis energética.

Al igual que muchas otras dificultades locales, las actuales suelen estar asociadas a un déficit en la experticia de los recursos humanos de gestión en los servicios públicos. Son probablemente resultado de un mismo gran problema que afecta a la región. Frente al rápido avance de las modernizaciones económicas, tecnológicas y culturales impulsadas por una globalización cada vez más sofisticada y frente la incertidumbre introducida por las transformaciones climáticas - la política, los gobiernos y las administraciones públicas se han quedado rezagadas, su actividad se desarrolla siguiendo un estilo clásico en el que la efectividad de los resultados de las medidas es impredecible. La sospecha es que éstas no logran asumir los niveles de complejidad necesarios para que las funciones del Estado sean expeditas en estos nuevos escenarios locales globalizados. Se traducen en resultados negativos en diferentes áreas, una de ellas es el Transantiago, que son claramente percibidos por una opinión pública inquieta que se manifiesta en encuestas catastróficas. Es cada vez más difícil separar causa de resultado cuando lo que se ha deteriorado es la capacidad de las administraciones para enfrentar desafíos extraordinariamente mas complejos que los usuales, en los ámbitos tecnológicos, políticos, laborales, sociales, contractuales y relativos a la justicia.

La crítica actual a las crisis de las políticas de integración, por ejemplo, apuntan a que éstas no muestran logros y que - además - avanzan desordenadamente entre todas las - esas sí conocidas - polémicas que caracterizan a los gobernantes latinoamericanos - todo eso mientras la región muestra economías en crecimiento y un mayor intercambio comercial. Con un fondo de problemas sin resolver en el área energética, se trata de una situación estacionaria grave para un país que - como Chile - no tendrá aún por algunos años abastecimiento energético en la escala que requiere. La percepción es que hoy día puede resultar más fácil una integración con África que en la región.

Es difícil - por ejemplo - vivir en riesgo permanente de crisis de energía que puede ser agravada por imprevistos. Es una situación grave. No asumirlo oficial y eficazmente de forma pública- es probablemente un error político, pues su impacto diario es evidente. Pero el clima - en la era actual -parece ser de difícil pronóstico , a pesar de los avances teóricos y tecnológicos, sino esta situación de frío extremo hubiese contado con medidas anticipadas de prevención de riesgos.

Un desafío no tan impredecible es la modernización de la política y de las administraciones de gobierno, asunto crítico que la autoridad parece encarar con mucha dificultad. No lo soluciona el recurso a un discurso oficial simplista que sólo agrava la sensación de incertidumbre, un simplismo que no es del todo pertinente en estas situaciones, a no ser que las autoridades cometan el doble error de subvalorar - además - el entendimiento de la situación por parte de la ciudadanía. Lo que se requiere en situaciones de incertidumbre - dice la teoría - es información pertinente. Pero esta no reemplaza la certeza de los resultados efectivos.

Chile desconoce procesos de derechos humanos contra Alberto Fujimori. De todas las facetas del frío impacto causado por el fallo que niega la extradición del ex-gobernante, aquella que más decepciona es la relativa a derechos humanos. Los familiares de las víctimas de transgresiones a los derechos humanos y la opinión pública que los respeta en el Perú sufren en estos momentos probablemente la misma frustración que vivieron muchos chilenos durante los largos años en que - con la honrosa excepción de jueces como don Juan Guzmán - las cortes hacían tiempo en el caso de Pinochet o lo exculpaban por una u otra razón esperando que la edad del general hiciera su tarea. Hoy sin embargo, este fallo es un insulto y señala la persistencia de una justicia extemporánea. Cuando ya pensaba que transitábamos hacia una nueva sociedad en la que estos derechos eran cultivados en primer lugar allí donde por la naturaleza del derecho le corresponde: en el sistema de justicia.

El contexto en que esto sucede es complejo. Tanto el gobierno en Chile como el de Perú pasan por momentos difíciles. En Perú la movilización de las Confederación General de Trabajadores del Perú y de los maestros han llevado al presidente Alan García a recurrir al ejercito para la mantención del orden público. En Chile, no sólo el gobierno alcanza su más bajo nivel de popularidad - la opinión pública ha podido observar también casos vergonzosos de mala administración de justicia. A rio revuelto, ganancia de pescadores. No sólo Alberto Fujimori es favorecido, sino que casi al mismo tiempo, la justicia ha dejado en libertad a delincuentes causando gran alarma pública, en un país donde probablemente la mayoría de sus ciudadanos son afectados de una u otra forma por la delincuencia en su vida cotidiana.

Una situación que se presentó favorable a Alberto Fujimori, pero que arriesga en derivar en una crisis mayor. Sin embargo, las primeras señales de la presidenta Michelle Bachelet dejan ver claramente su reacción de preocupación por el significado de una resolución que cuestiona un entendimiento de que vivimos en un estado de derecho y no sólo en las manos de Dios.

Queda aún la resolución de la Corte Suprema, que tal vez corrija. Pero - en cualquier caso - un daño - a la idea del país en que vivimos ya ha sido hecho.